La cúpula directiva de la Asociación Empresarial Gestión Inmobiliaria (A.E.G.I.) se reúne con los principales representantes del Ministerio de Vivienda

La Asociación expone y aúna objetivos para el sector inmobiliario con la Ministra de Vivienda y el Director General de Arquitectura y Políticas de Vivienda

Fecha: 21/12/2004

La cúpula directiva de la Asociación Empresarial Gestión Inmobiliaria (A.E.G.I.) se reúne con los principales representantes del Ministerio de Vivienda La Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria (A.E.G.I.), que desarrolla su actividad en todo el territorio español y cuyo principal objetivo es propiciar la unión de los empresarios inmobiliarios y defender los intereses de las empresas del sector del asesoramiento, la gestión y comercialización inmobiliaria en España, ha reunido a su cúpula directiva con los principales representantes del Ministerio de Vivienda.

A dicha reunión asistieron por parte de A.E.G.I. sus máximos representantes: Don Javier Sierra Sierra, Presidente de la Asociación, Don Pedro Martínez Collado, Vicepresidente y Javier Martínez de los Santos Gerente, quienes tuvieron la oportunidad de entrevistarse con Dña. María Antonia Trujillo Rincón, Ministra de Vivienda y Don Rafael Pacheco Rubio, Director General de Arquitectura y Políticas de Vivienda.
En dicho encuentro intercambiaron opiniones sobre la situación del sector de la Intermediación Inmobiliaria en España, planteando la Asociación a la Ministra la necesidad de una regulación de dicho sector.

El resumen de las conclusiones extraídas del encuentro son las siguientes:
La confusa situación en la que se encontraba el ejercicio de la actividad de la Intermediación Inmobiliaria, llevaron a que se introdujera un apartado específico en la redacción del RDL 4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes. Real Decreto que se aprobó con el fin de evitar la aparición de desequilibrios macroeconómicos que amenacen la estabilidad y el proceso expansivo de nuestra economía, centrándose, en los sectores de la competencia del Ministerio de Fomento y de la Vivienda. Su objetivo fundamental fue incidir de forma inmediata en el comportamiento de los distintos agentes económicos para estimular la competencia, conseguir una mejor asignación de los recursos y, en definitiva, influir positivamente sobre el nivel de precios.

Las medidas liberalizadoras se proyectaron sobre una serie de sectores básicos y entre ellos el sector inmobiliario. En lo que concierne a la actividad de la intermediación inmobiliaria el RDL 4 / 2000, estableció que la citada actividad podría ser ejercida libremente sin necesidad de estar en posesión de título alguno ni de pertenencia a ningún Colegio Oficial.

Posteriormente con la finalidad de corregir las rigideces advertidas y señalar que dicha actividad no está reservada a ningún colectivo singular de profesionales se publica la Ley 10/2003, de 20 de mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes. Señalando, concretamente, en el art. 3 que:

“Las actividades enumeradas en el art. 1 del Decreto 3248/1969, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Junta Central, podrán ser ejercidas:

a)Por los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria conforme a los requisitos de cualificación profesional contenidos en su propia normativa específica.
b)Por personas físicas o jurídicas sin necesidad de estar en posesión de título alguno, ni de pertenencia a ningún colegio oficial, sin perjuicio de los requisitos que, por razones de protección a los consumidores, establezca la normativa reguladora de esta actividad.”

Además en esta Ley en la Disposición final primera se otorga al Gobierno la Facultad de Desarrollo reglamentario en lo dispuesto en esta ley.

Por lo tanto en lo referente a la Regulación de la Intermediación del sector Inmobiliario tenemos que ha quedado totalmente liberalizado y podrá ejercerlo cualquier persona física o jurídica, sin perjuicio de los requisitos, en materia de protección a los consumidores establezca la normativa reguladora de esta actividad.

En la actualidad nos encontramos con una situación de total liberalización del sector, de acuerdo con la normativa de la Comunidad Europea, pero con la premisa de que este sector se regulará con una normativa específica, que irá principalmente dirigida a proteger a los consumidores.
En cuanto a la legislación o propuesta de legislación de la Comunidad Europea, que afecte directamente a este sector, debemos de tener en cuenta la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los servicios en el mercado interior donde básicamente se recoge que toda actividad normativa de los Estados miembros debe ir dirigida al establecimiento de medidas dirigidas a la supresión de los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y a la libre circulación de los servicios entre los Estados miembros y que garantice, tanto a los prestadores como a los destinatarios de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del Tratado. Uno de los puntos más importantes es el referente a aumentar la protección del destinatario de los servicios, al prever obligaciones relacionadas con la calidad del prestador, en concreto, la obligación de seguro profesional para aquellos servicios que entrañan un riesgo especial para la salud o la seguridad o un riesgo financiero particular para el destinatario, disposiciones sobre las actividades multidisciplinares o la resolución de conflictos.

 


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